LA FE EN LA POLÍTICA ¿qué hay que esperar?

PALABRAS CLAVE

Estado – Soberanía – Legitimidad


RESUMEN

En el presente ensayo pretendo indagar sobre la naturaleza política de la soberanía de un Estado sobre un colectivo social sobre el cual se pretende imponer. Para ello definiré el espacio concreto donde actúa dicha potestad, presentaré el debate entre acción voluntaria y utilitaria, buscaré una definición de Estado, y esbozaré elementos conflictivos de las democracias modernas, para concluir con un intento de respuesta a la pregunta inicial.

I. EL ESPACIO DE LA CREENCIA EN EL RAZONAMIENTO

Pedro Luca es un hombre de 79 años oriundo de Tucumán que ha saltado a la fama por vivir en una caverna en solitario. Dado que “La violencia y el alcohol arruinan al hombre ha preferido una vida contemplativa ajeno a las influencias nocivas de la civilización, “ahora mi familia son los ‘bichos’” sentencia categóricamente el espécimen en cuestión. ¿Será Luca un profeta de una Nueva Humanidad que comienza a salir de la caverna descrita por Platón en su épico Libro VII de República? Probablemente nuestra generación no sea testigo del impacto de su accionar. https://www.clarin.com/sociedad/hombre-cavernas-tucumano-vive-cueva_0_rJ1j2cj_.html

Lo que sí es evidente para nosotros es que la necesidad de socialización hace que el ser humano complete su vida en la experiencia entre almas en cuerpos, conociendo el Bien y el Mal. Eso es la Vida. Los fundamentos filosóficos de los ‘pensadores de su Tiempo’ indagarán, sucesiva e incansablemente, sobre el sentido de la acción humana, es decir la Historia.

Como especie sólo registramos 5000 años de aproximadamente 145000 que lleva el homo sapiens actual en el planeta, por lo que nuestro conocimiento no es absoluto, por ello nos es válido afirmar que la Naturaleza nos desborda y la Historia inscripta en nuestros genes no ha sido totalmente descifrada. En ese ámbito de abstracción sobre la realidad circulan las relaciones de poder entre las personas, basadas en acuerdos y amenazas con cada agente del cuerpo social, de allí el “beneficio de pertenecer”.

Un muchacho se compra un puntero láser sin más fines que el divertimento personal. La excitación de su nuevo artefacto lo lleva a utilizarlo en ámbitos no habituales para su nueva adquisición. En una de sus proyecciones se interroga sobre la imposibilidad de sus sentidos de percibir el trayecto del haz, con la consolante excepción de observar su impacto sobre algún objeto. Afligido (y descartando la hipótesis del fraude comercial), el muchacho no dudó en suponer que así como no percibía a simple vista fenómenos lumínicos, seguramente existirán de otra índole, como el espacio donde transcurren las interacciones entre las almas. Sin temor afirmamos que hasta en la más científica de las mentes, toda cosmogonía tiene su cuota de creencia, o de fe, en este caso es lo mismo.

II. CREENCIA Y SOBERANÍA

La soberanía de la autoridad es la creencia que termina de cerrar la ecuación del progreso comunitario (“al César lo que es del César”). El individualismo es el temor a la comunidad, si estamos de acuerdo hasta aquí, podemos definir comunidad política como un orden de mutuo beneficio, a través de un agente gubernamental plural y promotor de lazos de solidaridad que se autoproclama representante absoluto de la totalidad, para regular así los aspectos públicos de la vida cotidiana, la defensa de las fronteras y los intereses nacionales en el extranjero.

Las bautizados por la literatura política con el nombre de “situaciones de excepción” como la desobediencia civil llevada adelante por el Movimiento de Independencia por la India, son actos de autosoberanía de un colectivo ante una autoridad que, por alguna contingencia histórica, ya no posee el monopolio de la obediencia política, tal es el caso de la Corona Británica en el ejemplo citado. Por lo tanto, podemos definir estabilidad institucional como la primacía del Derecho del soberano, quien es reconocido de ese modo cuando logra imponer su voluntad, fundamentalmente, en situaciones de excepción.

En consonancia con lo antedicho, leemos el proceso de independencia como un deterioro paulatino del poder soberano de la autoridad establecida, que conllevó a lo que otrora fuera aceptado por la mayoría de la población como la representación del poder público, ahora sea visto bajo la forma de un invasor colonialista forzado a coexistir en una situación de excepción permanente, situación que los activistas pro independencia primero, y los súbditos en su mayoría después, han asimilado como interferencia fundamental a los intereses nacionales, puesto que la internalización del hábito de obediencia y la violencia no son sinónimos, de hecho la segunda es condición necesaria para la desaparición de la primera a nivel político.

En este punto nos preguntamos ¿qué nos motiva a obedecer?

III. ¿VOLUNTAD O UTILIDAD?

El pensamiento crítico da cuenta de aspectos de una realidad social determinada que no son evidentes en primera instancia, por lo que la aventura de intervenir sobre ella puede llevar al agente a valerse del pasado para encontrar los elementos que sirvan de fundamento a la hora de intervenir en una realidad dada. Damos por sentado que existen motivaciones altruistas que llevan a muchos agentes a actuar en pos de un beneficio de goce comunitario más allá de sus intereses particulares.   

Coincido con Rawls cuando sostiene que “las  partes  en  la  posición  original actúan  mejor cuando  reconocen  el  deber  natural  de  la  justicia.  Dado  el  valor de  un  sentido  de  la justicia  público  y  efectivo,  es  importante  que  el  principio que  define  los  derechos  de  las personas  sea  sencillo  y  claro  y  asegure  la estabilidad  de  los  acuerdos  justos.  Supongo, por  tanto,  que  se  convendría  en el  deber  natural  de  la  justicia  en  lugar  del  principio  de la  utilidad,  y  que  desde el  punto  de  vista  de  la  teoría  de  la  justicia,  es  la  exigencia fundamental  para  las personas.  Los  principios  de  obligación,  aunque  compatibles  con esta  teoría, no  son  alternativas  posibles,  sino  que  desempeñan  un  papel complementario” (Rawls, 2000 :309). Aunque claro está que las personas no siempre actúan según los principios moralmente más elevados a los cuales la Razón pueda alcanzar.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  teoría  de  la  justicia,  el  deber  natural  más importante  es el  de  apoyar  y  fomentar  las  instituciones  justas.  Este  deber  tiene dos  partes:  en  primer lugar,  hemos  de  obedecer  y  cumplir  nuestro  cometido  en las  instituciones  justas  cuando éstas  existan  y  se  nos  apliquen;  y  en  segundo lugar,  hemos  de  facilitar  el establecimiento  de  acuerdos  justos  cuando  éstos  no existan,  al  menos  cuando  pueda hacerse  con  poco  sacrificio  de  nuestra  parte.  De ello  se  sigue  que,  “si  la  estructura básica  de  la  sociedad  es  justa,  o  todo  lo  justa que  es  razonable  esperar  dadas  las circunstancias,  todos  tienen  un  deber natural  de  hacer  lo  que  se  les  exige”.(Rawls, 2000: 306)

Con respecto al principio de utilidad como norma rectora de la moral política dirá que “sólo  en situaciones  no institucionales  es  compatible  el  punto  de  vista  utilitario  con  los  acuerdos que ya  han  sido  tomados.  Aunque  el  principio  de  utilidad  puede  ocupar  un  lugar  en ciertos  contextos  debidamente  circunscritos,  se  rechaza  como  descripción general  del deber  y  la  obligación”. (Rawls, 2000: 308) Por lo tanto una  persona  está  obligada  a  cumplir su  parte,  especificada  por  las  reglas  de  una  institución,  cuando  ha  aceptado voluntariamente  los  beneficios  del  esquema  institucional,  o  se  ha  beneficiado de  las oportunidades  que  ofrece  para  fomentar  sus  intereses,  siempre  que  esta institución  sea justa  o  imparcial,  es  decir,  satisfaga  los  dos  principios  de justicia.  La  idea  intuitiva consiste  en  que,  “cuando  un grupo  de  personas  se  embarca  en  una  aventura cooperativa  mutuamente beneficiosa  y  así  restringen  voluntariamente  su  libertad,  los  que se  han sometido  a  estas  restricciones  tienen  derecho  a  un  trato  similar  por  parte  de aquellos  que  se  han  beneficiado  de  su  sumisión” (Rawls, 2000: 314).  En suma para el autor nos será imposible beneficiarnos  de los  esfuerzos  cooperadores  de  los  demás  sin cumplir  nuestra  parte.

Un  principio  considerado aisladamente  no  ofrece  una  declaración  general  que  siempre baste  para establecer  cómo  debamos  actuar  cuando  se  cumplan  las  condiciones  del antecedente.  En  cambio,  los   principios innegociables  propios de cada sociedad singularizan los  rasgos pertinentes  de  las  situaciones  morales,  de  modo  que  la  ejemplificación  de estos  rasgos  ofrece  una  razón  para  hacer  un  cierto  juicio ético.  El  juicio  correcto depende  de  todos  los  rasgos  pertinentes  como  son identificados  y  forjados  por  una concepción  completa  del  derecho.  Afirmamos entonces que  algo  es nuestro  deber teniendo en  cuenta  todas  las  cosas antedichas,  o  cuando  damos  a  entender que  conocemos  (o tenemos  razones  para  creer) a la empresa de la contribución solidaria para el mutuo beneficio social como el principio organizativo del cuerpo comunitario. Siguiendo este sistema de razonamiento “bastan  las  reglas  de prioridad  para  resolver  los  conflictos  de  principios, o  al  menos  para  guiar  el camino  hacia  una  correcta  asignación  de  valores” (Raws, 2000: 312).

Operan dentro nuestro apetitos, deseos y motivaciones propias de nuestra condición animal y necesidades producto de una estructura social heredada, por lo que en el 100% de los casos opera una racionalidad limitada en el Ser Humano, ¿se da bajo esta premisa lo que Jeremy Bentham sostiene al decir que “[los súbditos] tendrían que obedecer [a la autoridad política] en tanto que las probables desgracias de la obediencia sean menores que las probables desgracias de la resistencia”? (Bentham, 2010: 91) siendo para dicho autor el deber de obediencia vinculante en tanto sea del interés del súbdito.

Para esta corriente de pensamiento el principio de utilidad es el fundamento de toda virtud. En tanto principio es enteramente suficiente ya que es condición para la máxima dicha (de hecho el fin del Gobierno es: para el máximo número de personas la máxima dicha posible) y categóricamente la define como “la única y suficiente razón completa en toda circunstancia práctica” (Bentham, 2010: 95).

Vale aclarar que en este caso utilidad debe entenderse como el principio que establece la máxima felicidad de todos los que tienen interés en la cuestión, siendo el fin correcto y adecuado, y el único correcto y adecuado y universalmente deseable de la acción humana: de la acción humana en cada situación; y, en particular, en aquella del funcionariado, o del conjunto de funcionarios, que ejercen los poderes del gobierno. La palabra utilidad no apunta claramente a la idea de placer y dolor, como las palabras dicha y felicidad lo hacen, tampoco nos conduce a la consideración sobre el número de los intereses afectados: al número, como a la circunstancia que contribuye, con la mayor proporción, en la formación de la medida que está aquí en cuestión; la medida de lo bueno y de lo malo, que por sí sola es la propiedad de la conducta humana, en cada situación, que pueda ser debidamente procurada.

El autor tipifica al hábito de obediencia política como la sumatoria e institucionalización de actos de este tipo de obediencia, es decir de  cualquier acto realizado en consecución de una expresión de la voluntad de parte de una persona que gobierna. La medida de su perfección estará determinado entonces por los siguientes factores: Un periodo en la duración de una sociedad; el número de personas que la componen durante ese periodo; y el número de cuestiones de deber que le incumben a cada persona que le sea dado; – el hábito de obediencia será más o menos perfecto, según la proporción entre el número de actos de obediencia y los de desobediencia. Es decir que será técnicamente una relación cuantitativa la que determine la existencia de dicha práctica social.

Entonces ¿es la sujeción a la autoridad del Estado un acto voluntario o utilitario?

IV. EL PODER POLÍTICO. EL ESTADO

El poder político es aquel al que recurre todo grupo social (la clase dominante y sus subalternos) en última instancia para defenderse de los ataques externos o para impedir, con la disgregación del grupo, la propia eliminación.

La modernidad ha institucionalizado dicho poder en la figura del Estado-Nación (EN) por lo que nos es lícito definirlo como el componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada. Éste es un conjunto diferenciado de instituciones y personal que implica una centralidad en el sentido que las relaciones políticas irradian desde el centro (EN) y hacia el centro para abarcar un territorio delimitado y sobre el cual reclama el ejercicio del monopolio de la coerción física legítima, para garantizar un orden que sostiene una multiplicidad de relaciones insertas en una matriz político-social, la cual asigna probabilidades diferenciales a los actores protagonistas.

Es totalmente válido interrogar su esencia de la siguiente forma: ¿Hasta qué punto el EN permite y/o fomenta que intereses contrapuestos compitan en igualdad de condiciones? Hay elementos objetivos para determinar que la esfera política se ha ampliado crecientemente desde la unificación de los territorios en EN, ampliándose a derechos políticos y sociales para llegar al siglo XXI con hasta la superación de las políticas de masa y con la experiencia del nuevo fenómeno de la legitimidad mediatizada y sobredeterminada por agentes impensados hace un siglo atrás. Si bien es cierto que nos encontramos ante un momento histórico en donde la ciudadanía ha alcanzado al mayor porcentaje de las poblaciones uniformemente donde observemos, es también cierto que si pretendemos encontrar un horizonte al EN, adhiero a lo sostenido por Antonio Gramsci en tanto que:

cada Estado es ético en cuanto una de sus funciones más importantes es la de elevar a la gran masa de la población a un determinado nivel cultural y moral, nivel (o tipo) que corresponde a las necesidades de desarrollo de las fuerzas productivas y, por consiguiente, a los intereses de las clases dominantes. La escuela como función educativa positiva y los tribunales como función educativa represiva y negativa son las actividades estatales más importantes en tal sentido. (…) solo el grupo social que se plantea el fin del Estado y el suyo propio como una meta a alcanzar, puede crear un Estado ético, tendiente a poner fin a las divisiones internas de dominados, (…) y crear un organismo social unitario técnico-moral’ (Gramsci, 2008: 154)

Ampliando la definición, sostiene que

además del aparato gubernativo debe también entenderse por Estado el ‘aparato privado’ de ‘hegemonía’ o sociedad civil (…) el concepto de Estado ético es de origen filosófico e intelectual (propio de los intelectuales: Hegel) y, en verdad, podría ser unido al de ‘Estado-veilleur de nuit’ [guardián/gendarme nocturno], ya que se refiere por sobre todo a la actividad autónoma, educativa y moral del Estado laico, contrapuesto al cosmopolitismo y a la injerencia de la organización religioso-eclesiástica como residuo medieval. El concepto de Estado intervencionista es de origen económico y está vinculado por un lado a las corrientes proteccionistas o del nacionalismo económico y, por el otro, la tentativa a hacer asumir a un determinado personal estatal, de origen terrateniente y feudal, la ‘protección’ de las clases trabajadoras contra los excesos del capitalismo (política  de Bismark y Disraeli) (…) El elemento Estado coerción se puede considerar agotado a medida que se afirman elementos cada vez más significativos de sociedad regulada (o Estado ético o sociedad civil).’ (Gramsci, 2008: 158)

En suma ¿la función del Estado es neutralizar o institucionalizar la conflictividad social?

V. EL CONFLICTO POLÍTICO

La sustancia del sociedad es la puja por los privilegios de pertenecer y de beneficiarse de las bondades del Sistema, por lo tanto es inevitable el choque de intereses. Entendemos entonces a la coerción como un alto grado de constricción (o amenaza de privaciones), en tanto que la conflictividad depende del modo de ejercicio del poder, la causa potencial de un conflicto es el resentimiento por una desigual redistribución de recursos. Por lo tanto definimos a la legitimidad como un atributo del Estado que consiste en la existencia, en una parte relevante de la población, de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario (salvo casos excepcionales) recurrir a la violencia.

Como hemos ya sostenido, la creencia en la legitimidad es el elemento integrante de las relaciones de poder que se desarrollan en el ámbito estatal. La capa más abarcativa del entramado social es la comunidad política, la cual está compuesta por un grupo social en una base territorial y con división del trabajo político. El regente de las relaciones es el régimen, el cual definimos como la sumatoria de instituciones que regulan la lucha por el poder y su ejercicio, y de los valores que animan la vida de esas instituciones, que pueden abarcar desde desde el metafísico concepto de libertad hasta el concretísimo concepto de ganancia razonable.

Se puede afirmar entonces que los gobernantes y su política son aceptados en tanto y en cuánto están legitimados los aspectos fundamentales del régimen, es decir la circulación del capital, el acceso a las necesidades básicas y la posibilidad de ascenso social. En tanto que en la praxis es el gobierno quien acapara una sumatoria de funciones en las cuales se concreta el ejercicio del poder político.

Dícese entonces del poder legal o tradicional al encuadramiento normativo de los fundamentos del régimen a través de leyes, consuetudinarias o explícitas. El poder personal o carismático estará dado entonces por el respeto a las instituciones consagradas por la tradición y a la persona detentora. La némesis de la legitimación es la impugnación.

Mientras tanto, lo que ha caracterizado a las democracias “reales” ha sido el protagonismo de los actores y grupos, la representación de los intereses sectoriales, la limitación de la participación a un número reducido de liderazgos y grupos y de la democracia a los mecanismos institucionales de decisiones políticas, la persistencia de centros de poder no democratizados como la empresa privada y la burocracia profesional, la subsistencia de mecanismos invisibles de toma de decisiones, la apatía y el desinterés por la cosa pública.

En realidad esas “falsas promesas” no constituyen un engaño sino enunciados y principios de imposible cumplimiento en el contexto de las sociedades de masas, como consecuencia del surgimiento de nuevas realidades no previstas por los teóricos de la democracia clásica; estas promesas no fueron cumplidas debido a obstáculos que no fueron previstos y que sobrevinieron luego de transformaciones producidas en la sociedad civil.

Teniendo por primer caso el surgimiento de la tecnocracia, se puede afirmar que la complejización de todas las esferas de la sociedad contemporánea determina que las decisiones ya no pueden ser tomadas por la totalidad del cuerpo electoral sino por aquellos que poseen el conocimiento; la resolución de los problemas de carácter político requiere capacidad técnica y personal cada vez más especializado. La democracia y la tecnocracia son antitéticas dado que, si el protagonista de la sociedad industrial es el experto, en consecuencia este papel no puede ser desempeñado por el ciudadano común.

La democracia presupone que todos los ciudadanos pueden adoptar decisiones sobre la totalidad de los asuntos públicos, en cambio la tecnocracia significa que sólo los que poseen un conocimiento especializado son quienes toman las decisiones.

Un segundo aspecto que tensiona el principio de autoridad popular es la existencia de la burocracia, cuyo crecimiento es constante en las sociedades de masas y su tendencia es uniforme en vistas al futuro.

Con el incremento del funcionariado profesional crecen los espacios de autoridad jerárquica, no democrática. Weber puntualiza las características del modelo burocrático al decir que se encuentra organizado en formas jurisdiccionales fijas y oficiales, las cuales están organizadas por leyes y/o regulaciones administrativas. Como segunda cualidad podemos destacar que se encarga de funciones y actividades regulares, que se distribuyen de forma fija, estable, y constituyen deberes oficiales. A su vez la autoridad se distribuye en forma estable, y está limitada por normas y competencias, que se expresan en los recursos y competencias a disposición de cada unidad.

Existen mecanismos regulares de control de esos deberes que no sólo los reproducen serialmente sino que aseguran que estos deberes se cumplan en tiempo y forma.

Dentro del esquema burocrático es destacable una jerarquía de cargos y niveles de autoridad, que son ocupados a partir de una preparación experta y específica y que, por lo tanto, constituye una posibilidad de carrera; siendo un desprendimiento de lo antedicho que la profesión burocráctica es una actividad central rentada y vitalicia en la que se avanza (promoción) a partir de la experiencia y la presentación de exámenes periódicos y regulares; y, como última característica podemos destacar que se basa en la existencia de documentos escritos que funcionan como registro y prueba de la actividad.

Por último cabe destacar como tercera contradicción fundamental del régimen democrático la variable que titularemos ‘el escaso rendimiento’, esto es la incapacidad del sistema político para poder responder a la creciente cantidad de demandas procedentes de la sociedad civil, fuente inagotable de demandas. La cantidad y rapidez de éstas son tales que ningún sistema político, por muy eficaz que fuera, es capaz de adecuarse a ellas. De todas maneras es importante destacar que, si en las democracias la demanda es fácil y la respuesta difícil en las autocracias la respuesta es más fácil porque se basa en la capacidad de bloquear la demanda.

Por lo tanto ¿es la democracia la mejor forma de gobierno posible?

VI. CONCLUSIÓN

Sin lugar a dudas lo es, ya que es el único régimen que garantiza (o al menos permite el juego político que posibilite la disputa por) el ejercicio efectivo del Estado de Derecho a través de la forma republicana de gobierno. Entre otros tantos argumentos que se pueden esgrimir en defensa de lo afirmado, deseo puntualizar en aquello que durante el trabajo se ha afirmado en donde la internalización del hábito de obediencia y la violencia no son sinónimos, de hecho la segunda es condición necesaria para la desaparición de la primera a nivel político. Deseo profundizar dicha sentencia.

Si, tal como sostiene Gramsci el elemento Estado coerción se puede considerar agotado a medida que se afirman elementos cada vez más significativos de sociedad regulada, y es válida la premisa de Rawls que afirma que si  la  estructura  básica  de  la  sociedad  es  justa, o  todo  lo  justa que  es  razonable  esperar  dadas  las  circunstancias,  todos  tienen  un deber natural  de  hacer  lo  que  se  les  exige; entonces no existe espacio para la violencia siempre y cuando todos acepten los principios fundamentales de ejercicio de poder público, versados en el artículo 1ro de la Constitución Nacional Argentina, siendo éstos el carácter republicano, federal y representativo en nuestro caso. Por lo tanto, la existencia de la coerción física (aún legítima) de un colectivo social demuestra un no reconocimiento a la legitimidad de los postulados  esgrimidos por quienes lo exigen, dado que altera el esquema de reparto original de beneficios y derechos reconocidos y velados por el Estado, garante en última instancia del Orden.

Dudo exista teoría política que no reconozca el carácter virtuoso de la conflictividad en tanto promotor de los valores que construyen nuestra mayor obra de ingeniería social, la civilización. Libertad, democracia, dignidad, privacidad, reconocimiento son ejemplos de los anteriores.

Tampoco debemos desconocer la efectividad de la violencia como instancia inmediata de resolución de conflicto, sin embargo ¿obra la misma al mismo tiempo en pos de la internalización del hábito de obediencia? claramente no.

Si bien es incuantificable lo antedicho vuelvo al ejemplo del proceso de independencia de la India para tomar el caso de la masacre de Jallianwala Bagh acontecida el 13 de abril de 1919 como evidencia. Previo al hecho mencionado, ese mismo año el gobierno británico de la India británica promulga el decreto Rowlatt, con el cual prolongó el régimen de excepción más allá de la Primera Guerra Mundial, con la finalidad de combatir las presuntas actividades subversivas existentes en la zona, prohibiendo reuniones de más de cinco hindúes en simultáneo. Al llevarse a cabo una celebración de año nuevo de varias etnias india se procede al macabro accionar con un saldo de 379 muertos y 1200 heridos por un lado y ninguna baja ni herido por parte de los británicos. Si bien la conclusión del proceso de independencia se dio recién el 15 de agosto de 1947 tras una estrategia de desobediencia civil y resistencia pacífica, al día de la fecha se sigue conmemorando a aquellas víctimas de las ametralladoras británicas. 

Soy consciente que he utilizado el recurso de un ejemplo extremo pero no por ello menos representativo. Para concluir, el conflicto es vitalidad, en él se nutre la autoridad del soberano, toda acto de obediencia es voluntario en la medida que el Estado sea un Estado ético y, sin lugar a dudas, en las democracias modernas subsiste la afirmación que sostiene que “donde hay disciplina hay orden, y rara vez falla la buena fortuna (…) quienes censuran los conflictos entre la nobleza y el pueblo, condenan lo que fue primera causa de la libertad de Roma, teniendo más en cuenta los tumultos y desórdenes ocurridos que los buenos ejemplos que produjeron, y sin considerar que en toda república hay dos partidos, el de los nobles y el del pueblo. Todas las leyes que se hacen en favor de la libertad nacen del desacuerdo entre éstos dos partidos.” (Maquiavelo, 2005: 16).

Bibliografía:

  • Rawls, John. Teoría de la Justicia; Fondo de Cultura Económica, México, 2000.

  • Bentham, Jeremy. Un fragmento sobre el Gobierno; Tecnos, 2010.

  • Gramsci, Antonio. Notas sobre Maquiavelo sobre la política y el Estado moderno; Nueva Visión, Buenos Aires, 2008.

  • Maquiavelo, Nicolás. Discursos sobre la primera década de Tito Livio; Losada, 2005

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