Reflexiones sobre la problemática de los barrios carenciados

Descripción general

La problemática de la Villa 31 y 31 bis (utilizada como caso testigo) que, como argumenta Margaret Scott en su trabajo1 serán tomadas como unidad de análisis única ya que las atraviesan problemáticas similares, es compleja y va más allá de lo que uno puede observar como simple ciudadano. Decimos esto porque no abarca solamente la infraestructura del asentamiento en cuestión, sino que comprende aspectos que tienen que ver con lo político y con lo social en general.

Se sostiene que es político porque se incurre en una violación al derecho a la Ciudad, concepto utilizado por varios autores2 para hacer referencia al acceso al espacio público, a la representación justa y a la participación democrática; aspectos fundamentales para el devenir de una vida en comunidad. Creemos que es un derecho mucho más abarcativo que el acceso a la vivienda ya que este último se limita a una estructuración correcta de una casa, mientras que el derecho a la Ciudad hace referencia a la vida en sociedad, por lo tanto abstracto pero no menos fundamental para el desarrollo humano.

Decimos que es compleja esta problemática también por la multiplicidad de intereses que la atraviesan. Además de aquellos que pueda tener la comunidad del asentamiento están los de quienes desean hacer negocios con sus tierras, valuadas en una importante suma y con varias ideas proyectadas de parte de la Corporación Puerto Madero (http://corporacionpuertomadero.com). Caso aparte merece la actitud del gobierno nacional, del cual es complejo describir su deseo pues el no expedirse sobre el asunto da terreno a la especulación. El Gobierno de la Ciudad en tanto, históricamente se ha encontrado en una encrucijada pues los terrenos no le pertenecen y no se desea avanzar en una solución unilateral ya que se entiende, con justa razón, que es necesaria la cooperación del Estado Nacional para la concreción de una solución integral en la cual se privilegie el bienestar de los residentes por sobre cualquier otra clase de ambiciones sobre el conflicto.

Puntualizando, los riesgos habitacionales del asentamiento revisten de carácter de urgente la solución a la problemática ya que según estudios especializados ninguna vivienda cumple con la normas de edificación de la Ciudad3 y al estar los terrenos sin el loteado correspondiente se hace muy complicada la instalación de redes de servicios públicos. Otro aspecto conflictivo es la cobertura mediática que se brinda pues al estar hablando de empresas indefectiblemente se defienden intereses corporativos, lo que no necesariamente redunda en una parcialidad informativa, pero si se deben tener en claro qué intereses históricamente han perseguido para determinar la posición respecto al conflicto. Estamos convencidos que no es menor analizar el impacto de los comunicadores masivos (en general representantes de corporaciones multimediáticas) sobre la opinión pública, ya que éstos son determinantes de la estructuración de la agenda estatal. No es un punto menor el de la agenda pues es ella la que determina el ciclo vital de una política pública4; es decir que dependiendo el lugar que ocupe dicha problemática en la agenda determinará la seriedad con la que se busque por parte del Estado una toma de posición que puede desencadenar o no en la resolución del conflicto; porque dejemos en claro que si bien el Estado es el actor protagónico fundamental (al menos en este caso puntual), es tan solo un actor y de su propia voluntad no necesariamente se obtiene el óptimo5.

Creemos que la Villa 31 es un prisma interesante por donde se puede observar al país pues refleja la oscuridad de la evolución societal argentina. La inequidad de un sistema que proyecta tanto a futuro que no se detiene a mirar a los rezagados del “tren del progreso” genera una pobreza estructural que atenta irreversiblemente con la promesa de elevación cultural de las masas por parte de un Estado revestido de interés general, entendiendo dicha elevación como pilar fundamental del progreso (entendiendo claro está que no hay mayor riqueza que un pueblo culto), pobreza que no solamente hace referencia a una remuneración digna sino a condiciones ejemplares de educación, salud, trabajo, alimentación y hábitat básicamente.

Indudablemente los habitantes de la Villa (y de los barrios marginales en general) son el fiel reflejo de generaciones de políticas improductivas, de intereses mezquinos y de falta de solidaridad por parte de todos los sectores sociales (pueblo, empresariado, Estado, medios) que necesariamente deben ser repensados si lo que se desea para el porvenir es un destino de grandeza para la Nación.

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Definiciones sobre el conflicto

Definiendo a una política estatal como una toma de posición respecto a un conflicto (sea ésta acción u omisión), y sin perder de vista el momento histórico en el que se desenvuelven, es que se puede inferir qué intereses defiende el Estado respecto a la cuestión socialmente problematizada ya que a ciencia cierta es imposible conocer la totalidad del fenómeno complejo que refiere a la política pública, a sus determinantes y a lo determinado6.

Decimos entonces que el Estado presenta una autonomía relativa de acción pues al no poseer una racionalidad superior a los demás actores ni un monopolio absoluto del poder al interior de un territorio determinado, se encuentra influenciado por diferentes intereses exógenos y por factores que no siempre manipula como la agenda pública por ejemplo. De allí se desprende la sentencia de Oszlak y O`Donnell que la política estatal presenta una estructura de arenas 7, es decir que es inexacto reducir el enfoque del estudio de las políticas públicas a mecanismos de resolución de conflictos inmediatos por parte del Estado a demandas de grupos sociales; ó a analizar las consecuencias inmediatas y tangibles de esa política a fin de conseguir un conocimiento holístico y cuantificable del hecho. Los autores argumentan que al moverse el Estado al compás de la dinámica social (que lo atraviesa y lo determina) existen multiplicidad de factores que escapan a lo concreto, por lo que indefectiblemente se debe caer en la inferencia de las motivaciones que llevan al Estado a actuar de tal o cual manera8.

Objetivamente observamos que existieron dos momentos históricos fundamentales en donde el Estado ha actuado respecto a la problemática: durante el Proceso militar (1976-1983) y la presidencia de Carlos Menem (1989-1999). En ellas siempre se buscó la erradicación del asentamiento ya sea expulsando y demoliendo o atravesando una obra pública. Luego en los diferentes gobiernos que se sucedieron con anterioridad se ha subestimado la cuestión pues al haber un régimen económico que permitía la movilidad social se suponía que los residentes de dichos establecimientos precarios se instalaban allí como momento previo a una radicación definitiva a un hogar culturalmente aceptable.

La cuestión sobre esta clase de establecimientos se torna crítica para el conjunto de la sociedad cuando, luego de la Reforma neoliberal del Estado y la economía9 comienzan a sentirse los efectos de un sistema librado a la institución Mercado en el cual se profundiza la marginación social a causa de la escasez de oportunidades que éste brinda de trabajo digno a aquellos que quedan exentos de beneficiarse a través del régimen de acumulación basado en la especulación financiera, impuesto en detrimento del histórico modelo basado en la producción, imperante hasta la reestructuración. De allí la formación de la mencionada pobreza estructural, la degeneración de las instituciones de contención social como la escuela y el consecuente aumento de la delincuencia y la marginación social configuraron un panorama en el que se apunta a las villas como los lugares donde se concentran la delincuencia y el narcotráfico y, por tanto, “patologías” sociales a erradicar. Siguiendo esta línea de análisis es perfectamente comprensible la postura de algunos medios comunicativos que toman posición respecto al conflicto en favor de una erradicación definitiva (esto no es explícito en ellos sin embargo) sin profundizar sobre la raíz del asunto pues se podrían ver amenazados intereses corporativos de diversa índole como los de las inmobiliarias y las empresas de seguridad, muchas de ellas patrocinadoras de estos comunicadores.

Mencionábamos con anterioridad que la posición del Gobierno Nacional daba margen a la sospecha, aunque solo parcialmente pues basta observar las prácticas generales del mismo para determinar que existe una relación simbiótica entre Estado y Pobreza, en la cual esta última es funcional en la medida que el Gobierno obtiene la legitimidad necesaria para llevara cabo sus objetivos mediante lo que Oszlak y O`Donnell denominan “asignación cooptativa de beneficios diferenciales para sectores específicos”10 a fin de asegurarse la adhesión en las urnas de los beneficiarios. Esto forma parte de una de las funciones fundamentales del Estado reformado que es el control y la exclusión de los sectores populares de las instancias de decisión, de allí que Gramsci afirma acertadamente que el Estado es el espacio de constitución de la clase dominante, en vistas a que todo el accionar estatal se encuentra orientado en post de la perpetuación de un régimen de acumulación de riquezas y poder en beneficio de dicho estrato social.

Sin embargo Gramsci sostiene que “es hegemónica aquella clase que logre presentarse a sí misma como desarrollando las fuerzas productivas en sentido de la historia”, que para conseguir dicha hegemonía “debe incorporar a los estratos populares al desarrollo económico y social” 11 y que un Estado es ético en la medida en que “una de sus funciones primordiales es elevar a la gran masa de la población a un determinado nivel cultural y moral”12; esto determinado por las necesidades de desarrollo de las fuerzas productivas, subordinadas a los intereses de la clase dominante.

Viendo que la hegemonía del sistema no se encuentra perturbada13, se puede inferir que mientras que no haya una necesidad real de incorporar a los sectores hoy excluidos difícilmente se concrete una política integral en post del mejoramiento de las condiciones de vida de los residentes de esta clase de establecimientos ya que la funcionalidad de la pobreza al sistema es fundamental y el fomento del desarrollo de las fuerzas productivas no se observan como urgencias dentro de las prioridades estatales debido a las características del régimen de trabajo neoliberal, flexibilizado y pauperizante.

Por lo tanto la opción más potable de solución creemos sería la formación movimiento barrial altamente organizado, con capacidad de presión concreta hacia el Estado, independiente del mismo, que logre instalar en la agenda pública la problemática pero con el acompañamiento de la sociedad civil; creemos que es indispensable la consolidación de un movimiento que logre amalgamar los intereses de los diferentes asentamientos para la formación de un frente transversal que ponga en pie de igualdad los intereses de los afectados con los de los demás interesados.

Notas

1- Scott, Margaret: “Ahora es cuando”: La lucha por el derecho a la ciudad en la Villa 31, 2009

2- A fines de los 60 Henri Lefebvre comienza a utilizar el término en El derecho a la ciudadParís, 1968; vemos también que existen organizaciones que lo fomentan (www.righttothecity.org) y el mismo Oszlak hace referencia al mismo de acuerdo a la cuestión de representación en su libro Merecer la Ciudad: los pobres y el derecho al espacio urbanoBuenos Aires; entre los exponentes más destacados.

3- Scott, Margaret: Ibíd., Pág. 22

4- Oszlak, Oscar y O`Donnell, Guillermo: “Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación” en Revista Venezolana de Desarrollo Administrativo nro.1 ; Pág. 109

5- Oszlak y O`Donnell, Ibíd., Pág. 127

6- Oszlak y O`Donnell, Ibíd., Pág. 134

7- Oszlak y O`Donnell, Ibíd., Pág. 99

8- Oszlak y O`Donnell, Ibíd., Pág. 134

9- Para profundizar sobre el tema de Reforma del Estado argentino se recomienda el texto de Mabel Thwaites Rey “La (des)ilusión privatista”

10- Oszlak y O`Donnell, Ibíd., Pág. 97

11- Gramsci, Antonio: “Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y el Estado moderno”, Buenos Aires: Nueva Visión, 2008 Pág.55

12- Gramsci, Antonio“Tres principios, tres órdenes”, 1986, Pág.19

13- Entiéndase hegemonía como la legitimación ideológica de un sistema de dominación específico, en este caso del Capital; el cual decimos que no se encuentra perturbado ya que no se pone en tela de juicio la mercantilización de las relaciones sociales ni la vigencia del Estado en tanto momento político de la relación social de dominación.

Publicado 12/nov/09

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