Transformación política y económica Argentina (1974/2001)

Sin lugar a dudas los sucesos ocurridos el 19 y 20 de diciembre de 2001 en nuestro país no han sido obra del azar sino que responden al agotamiento de una forma de hacer política, vigente desde aproximadamente 1974/76; en la cual el desvinculamiento de la clase dirigente y el pueblo de la Nación argentina se ha llevado hasta su máxima expresión.

¿Bajo qué argumentos se sostiene que el proceso de separación comienza en 1974/76? Tras la muerte del General el 1ro de julio de 1974 se desencadena en el país una sensación de acefalía progresiva. El “nuevo” gobierno, convencido del deber de combatir a la subversión; al mostrarse debilitado y cada vez mas alineado a la derecha del movimiento peronista sienta las bases de legitimación y operatividad para un nuevo golpe militar. De legitimación porque el descalabro económico sumado a la tendencia regional de derrocamiento de gobiernos democráticos creó en el seno de la sociedad la necesidad de un orden que solamente podía venir de la mano de los militares, es por eso que fue la gente quien, esta vez, salió a la calle para golpear la puerta de los cuarteles. De operatividad porque durante el periodo 74/76 es que se creó la Alianza Anticomunista (o Antiimperialista, dependiendo las fuentes) Argentina (AAA), un grupo paramilitar comandado desde el Estado encargado de hacer ejecuciones por encargo. Además de nombrar a Jorge Rafael Videla como General del ejército argentino.

24 de marzo de 1976 fue la fecha designada. El Proceso de Reorganización Nacional tenía fundamentalmente los siguientes objetivos: Romper el empate hegemónico y desestructurar al movimiento subalterno e imponer un nuevo régimen de acumulación basado en la desindustrialización y en las reformas estructurales del Estado.

. Cuando se habla de una situación histórica en donde el capital es repartido en fracciones iguales (o bastante parejas) entre los empresarios y los trabajadores allí se da un empate hegemónico. La necesidad de quebrar esta situación se da porque la paridad en la puja distributiva genera un techo de los beneficios obtenidos por los propietarios y un piso al salario obrero. entre otras cosas porque la fuerza del sindicato era lo suficientemente homogénea como para discutir de igual a igual con las patronales Desestructurar el movimiento subalterno va más allá de desarticular la fuerza del sindicato, habla de un plan de aniquilamiento de lo que en palabras de Antonio Gramsci podría considerarse como intelectuales orgánicos subalternos. El descabezamiento del movimiento contestatario es fundamental para entender la parte democrática del proceso de escisión entre gobernantes y gobernados. (CFR; Basualdo, E. sistema político y modelo de acumulación en la Argentina: 15, Bs.As, 2001)

El nuevo régimen de acumulación que pretendía imponer la dictadura militar era el de valorización financiera, que se proponía como reemplazo del productivista. La gran diferencia que existe entre ambos es el proceso de producción y reproducción del capital. En el modelo productivista para generar dinero se debe invertir en la agregación de valor de

una mercancía mediante la fuerza de trabajo; es decir que se necesita producir un bien y comercializarlo para generar un margen de ganancia. El proceso de valorización financiera hace referencia a la reproducción del capital por el capital mismo. La riqueza en este sistema se obtiene del movimiento especulativo de dinero a través del sistema financiero internacional, su tráfico se encuentra exento de regulación y la renta financiera tiene el privilegio de estar exenta de gravámenes.

¿De qué modo el gobierno de facto estimuló todas estas serie de medidas? Sancionando la Ley de Apertura Económica de 1977 que reglamentaba la actividad financiera, sentando las bases para el proceso de transformación del sistema de acumulación; a través de una reducción y congelamiento importante del salario y un endeudamiento con los organismos internacionales, aprovechando la liquidez pues el mundo estaba inundado de petrodólares, los bancos internacionales ofrecían créditos a tasas bajas. A partir de 1980 se produce un viraje en la economía mundial en donde el crédito se vuelve escaso y caro. Sin embargo nuestro país no parece estar a tiempo de virar y sigue aumentando su deuda, urgido por desequilibrios fiscales y comerciales. A fin de 1983 cada habitante debía al exterior US$ 1.500 aumentando el total de la deuda en un 364% al pasar de deber 9.700 millones de dólares en 1976 a 45.100 millones en 1983.

Nuevamente bajo el imperio de la democracia es electo el radical Alfonsín como primer mandatario de la República. Éste intenta realizar cambios en al estructura económica pero de corte heterodoxo con el Ministro Grinspun como ideólogo. Empero sus políticas no conocen el éxito que se buscaban y se ve obligado a cambiar de titular de la cantera en 1985 por Sourrouille, presentando el Plan Austral que supo tener un éxito relativo en primera instancia pero que luego sucumbió ante la fuerte fuga de capitales al exterior.

Como menciona Eduardo Basualdo en Sistema político y modelo de acumulación en Argentina, luego del quiebre del empate hegemónico lo que se produce es un nuevo bloque de poder integrado por la combinación del gran capital nacional y el extranjero, cuya principal tarea es la cooptación de los intelectuales orgánicos de los diferentes partidos políticos de relevancia, es decir, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Este nuevo bloque encontraba su homogeneidad en los actos de corrupción que los vinculaba como socios. (CFR, op. Cit: 30)

He aquí un punto clave: la merma del valor real del salario logra un efecto de disciplinamiento social impresionante ya que, desarticuladas las fuerzas genuinas de choque del movimiento subalterno y sumado a esto una clase política viciada por la corrupción, no dejan mayores opciones al trabajador que resignarse a participar de este mercado reconfigurado. En palabras de Basualdo: “el disciplinamiento social que provocaron las hiperinflaciones se perpetúa mediante un factor estructural, la desocupación, que posibilita la consolidación del nuevo bloque de poder y el pleno desarrollo de la valorización financiera”

El dominio del gran capital se encuentra sostenido por la sobreexplotación hacia el obrero asalariado con la pauperización de las condiciones de empleo y subestimando al salario al nivel de subsistencia. El otro factor clave para asegurar la dominación fue la subordinación del Estado a los intereses de estos reducidos grupos, perdiendo éste su rol de árbitro imparcial entre las disputas distributivas y en el control del proceso productivo de riqueza.

Para 1985 comienza a haber una presión del Gobierno de los Estados Unidos para estimular la cancelación de deuda. El Plan Baker (Secretario del Tesoro de la administración Reagan) instaba a los países deudores a cancelar capital adeudado e intereses con dólares o con activos físicos del Estado, para el plan era indistinto. No tuvo gran resonancia y hubo que esperar hasta la asunción de George Walker Bush (p) como presidente estadounidense en 1989 para presenciar una política activa que estimule el pago de la deuda. Bush exige la normalización de los pagos pero el gobierno de Alfonsín se niega a la cancelación pues la escasez de divisas hacía imposible una sustracción semejante de divisas de la base monetaria.

La rigidez de los condicionamientos externos para renegociar la deuda externa y la escasez de recursos genuinos derivan en una corrida bancaria que dispara el precio del dólar y hace ingresar a la Argentina en una situación de “híper-inflación” que obliga al radical a adelantar el traspaso del poder unos meses a manos de Carlos Saúl Menem.

Los primeros dos años de Menem en el poder han sido de una transición compleja (Bunge y Born era su Ministro de economía) pues el flagelo de la hiperinflación seguía presente.

Ya advertido de que el ajuste heterodoxo no solucionaba los problemas es que el gobierno peronista determina reestructurar al Estado de forma profunda. Ésta constó de un achicamiento y limitación del Estado. En el campo económico lo hizo mediante la privatización de aquellas empresas que competían en el mercado productor, con el fin de mantener estabilizados los precios por medio de la oferta de un servicio o un producto a precio competitivo, y de servicios fundamentales de la integración territorial como es el caso de los ferrocarriles, fundamentales para unir al país o los servicios de necesidades básicas como la luz, el gas y el agua. La reconfiguración beneficia al capital extranjero, que se vuelve predominante sobre el local dentro de la composición del bloque de poder. Al margen de estas disputas internas vale aclarar que es durante este periodo que se cumplen una de las metas fundamentales del proceso que es que las multinacionales vuelven a recuperar la independencia del ciclo económico (op. Cit: 75), obteniendo ganancias, por más que el ciclo económico del mercado argentino sea negativo. Influyen en esta ventaja la monopolización de la comercialización de un producto o servicio, las deficiencias en la auditoría fiscal y sobre las prestaciones, y el congelamiento salarial y la sobreexplotación del trabajo a causa de la Ley de flexibilización laboral.

En lo político la principal transformación ocurrió en el plano de las instituciones que manipulan el poder del Estado. Al adicionar cuatro miembros más a la Corte Suprema de Justicia de la Nacional asegurose el riojano la desarticulación del contrapeso del Poder Judicial en última instancia, y gobernar mediante los Decretos de necesidad y urgencia omitía al figura del recinto legislativo como centro de debate y deliberación. Es decir que el monopolio del Estado era detentado por el Poder Ejecutivo, violándose así el principio republicano de división de poderes.

Entre 1992 y 1994 se vivió la “época de oro” del plan de Convertibilidad, las fuerzas integrantes del bloque de poder se asociaron en una comunidad de negocios que determinó una reconfiguración del ámbito político y económico. Desde el plano de la cosa pública comienza a surgir la figura del “Boss” (jefe, puntero político) dentro de los partidos políticos tradicionales ya cooptados por el bloque. Este personaje se vale de sus influencias para conseguir posicionamiento dentro de las listas, verticalizando in extremis la estructura del partido sobre una base de lo que comúnmente se denomina “amiguismo” y de complicidad en los hechos de corrupción. La reconfiguración alcanza también el plano económico al imponerse lentamente el capital foráneo por sobre el local como predominante dentro de la composición del bloque de poder.

Frente a la debacle del modelo de convertibilidad a causa del vaciamiento de la base monetaria debido a la imponente fuga de capitales hacia el exterior es que se debate (ya para finales de la década) sobre dos modelos propuestos por el bloque de poder: el de dolarización y el devaluacionista.

El modelo dolarizador estaba respaldado por los capitales internacionales, mientras que el segundo encontraba respaldo en el capital local. Del primero no hace falta hablar mucho pues lo que se plantea es la formalización de transformar nuestra moneda en dólar y seguir con la misma política de vaciamiento. En cambio la perspectiva devaluacionista lo que propone es una asimetría dólar-peso y así fomentar la producción de bienes exportables y la inversión privada. Sin embargo ninguna de ellas se cuestionaba en profundidad cambiar la función del Estado, que para ese momento sólo tenía el rol de garantizar flujos financieros.

Agotado el modelo menemista es que en 1999 el Partido Justicialista pierde las presidenciales a manos de la Alianza entre la UCR y el Frepaso, que prometía sanear al Estado.

La política del gobierno mixto fue catastrófico y no supo sobreponer al país a la crisis fundamentalmente por cuatro puntos: primero porque la crisis era de demanda y no de oferta, se debía de haber redistribuido la renta con mayor tenacidad y estimulando la producción de una forma más convincente según a nuestro criterio y el de los autores consultados. Segundo de debería haber advertido que la importantísima concentración de los recursos en pocas manos hacía absolutamente ineficaz cualquier política de ajuste; tercero se debería haber actuado por preservar la paridad entre el costo de vida y el salario regulando los precios clave de la canasta básica de alimentos. Por último se debió orientar todos los esfuerzos a estimular el consumo interno y no a achicar gastos.

Crisis de representatividad

Finalmente todo este proceso de corrupción del sistema político desencadena en la enorme crisis del 2001. Es enorme por su alcance geográfico (abarcó a todo el país en su conjunto), por sus implicancias políticas inmediatas (acefalía del Poder Ejecutivo, cuestionamiento de la clase política toda) como futuras (formación de asambleas, crisis de estructuras partidarias tradicionales); por su impacto en el mundo y por el mensaje desde el pueblo hacia la clase dirigente. Estos fenómenos podemos englobarlos dentro del concepto de “Crisis de representatividad”.

Es correcto hablar de dicho concepto porque el “que se vallan todos” tiene un contenido deslegitimante para los representantes que detentan los resortes del poder. El hecho de que este hartazgo haya devenido en un cambio radical de los modos de hacer política tiene explicación en el proceso descripto. Efectivamente estamos en presencia de un desvinculamiento irreconciliable entre la clase dirigente y los gobernados que es causa de este proceso iniciado en 1974/76 en donde se buscó mediante la coerción (en primera instancia) y la cooptación en último término vaciar de contenido los espacios genuinos de representación popular como los partidos políticos de masa, los sindicatos y los medios de comunicación. Era absolutamente necesario a los intereses del nuevo bloque de poder que ocurriese esto ya que por medios tradicionales y transparentes era prácticamente imposible llevar a cabo las reformas estructurales que el nuevo modelo económico exigía.

Hablar de crisis de representatividad excede a los representantes en sí, trata de un problema mucho más complejo que invita a reflexionar sobre los conceptos de democracia y representación.

Bernard Manin, teórico liberal de la democracia representativa, plantea que existe una igualdad formal en tanto gobernados y que el derecho de mandar a otros no puede ser fruto de la mera dominación sino como resultado de un acuerdo de cesión de voluntades; es decir, sobre la base del consentimiento.

La Constitución Nacional sostiene en su artículo 22 que El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución (…).” Claramente la constitución se expide sobre el carácter representativo del sistema político. Veamos la fundamentación teórica de dicha corriente, para eso utilizaremos el texto de Sociedad más precisamente el capítulo “los principios del gobierno representativo”.

Comienza su argumentación el autor sosteniendo que el pueblo no debe gobernar en tanto sujeto mayoría pues se encuentra a merced de pasiones desordenadas e ilusiones efímeras (retomando el argumento plutoniano contra la democracia, salvando las distancias) por lo que debe existir una sana distancia entre el gobernante y el gobernado, para que quien tenga la responsabilidad de decidir no sea influido por esos “bajos instintos”, por lo que en suma la función del representante no es el transmitir la voluntad del gobernado. (Cfr. Manin, B: 14)

. Empero caeríamos en un error si la analizamos como una forma indirecta de gobierno del pueblo ya que la única tarea política que le atañe al gobernado promedio básicamente es el de elegir autoridades.

El presente autor hace alusión a la importancia de contar con un libre acceso a la información, y ámbitos y las garantías necesarias para asegurar la libertad de expresión, ya que de la diversidad de argumentaciones es que se enriquece el debate político.

Expresados los lineamientos fundamentales de nuestra concepción de democracia, es que invitamos a pensar la problemática de la representatividad no como una cuestión de nombres sino como un sistema de manipulación del poder que es herencia de la Constitución de 1853 y que la crisis de 2001 la ha puesto en jaque (al menos desde el plano teórico).

En suma ¿cuál es el núcleo del problema? Una crisis de representatividad mina los cimientos del principio delegativo del poder al quebrarse el vínculo entre representantes y representados; el grado de autonomización que han alcanzado los representantes permitió todo lo anteriormente descripto, por lo que entrelíneas lo que invita a reflexionar el suceso del 19 y 20 de diciembre es la relación gobernante/gobernado y, en caso de ser necesario, resemantizarla.

Como contraposición a la visión democrática tradicional (la representativa) encontramos a la radical. Para describirla utilizaremos a Ernesto Laclau, más precisamente su texto La razón populista.

Él distingue dos modos de concebir los gobiernos, como institucionalista y como populista; dentro del primero encaja la democracia representativa porque lo que el autor argumenta es que se entiende a la política como la administración de las cosas, la construcción de políticas en base al consentimiento y una desvinculación de hecho entre representantes y representados; es decir, la democracia desde la óptica de Manin.

Laclau discrimina dos formas de construcción de lo social: mediante la afirmación de la particularidad o por medio de la claudicación parcial de la misma. La primera responde a una lógica de la diferencia pues ve a las demandas como una sumatoria de individualidades e intenta atender a ella focalizadamente; es decir, las demandas son iguales en que todas son diferentes (Cfr. Pág. 103). Mientras que la segunda forma de construir lo social hace mención a la prevalencia de una lógica de equivalencia en tanto todas son demandas y merecen ser vistas como un todo. Para esta forma de concebir lo social es absolutamente necesaria la construcción de una frontera antagónica. En síntesis para Laclau lo social se construye desde la tensión entre las dos lógicas, la de equivalencia (propia del populismo) y la diferencial (propiedad del institucionalismo)

Para que allá populismo se necesita de tres precondiciones para su factibilidad. La primera es “que exista una frontera antagónica interna entre pueblo y poder” (Pág. 99), lo que quiere decir que tiene que haber una crisis de legitimidad del poder político ya que el pueblo debe sentir que quienes detentan el poder responden a una lógica de acción diferente a la defensa de sus intereses y a la solución de sus demandas/peticiones. La segunda precondición es que debe existir una “articulación equivalencial de demandas que hacen posible el surgimiento del pueblo” (Ibíd.). Con esto se hace mención a la necesidad de lograr un vínculo entre todas las demandas que se le plantea al gobierno por parte de la población, en la articulación de las demandas por medio de una lógica de equivalencias se produce una vinculación entre exigencias (por mas que éstas sean totalmente distintas) que permiten lograr la unidad del conjunto bajo el concepto de Pueblo. La última precondición es “la unificación de estas demandas diversas (cuya equivalencia, hasta ese punto, no había ido más allá de un vago sentimiento de solidaridad) en un sistema estable de significación” (Ibíd.), refiriéndose así a la construcción de una identidad común en base a un lenguaje particular y propio del incipiente pueblo.

Con respecto a la discursividad “la diferencia entre una totalización populista y una institucionalista debe buscarse en el nivel de los significantes privilegiados, hegemónicos, que estructuran, como puntos nodales, el conjunto de la formación discursiva. La diferencia y la equivalencia están presentes en ambos casos, pero un discurso institucionalista es aquel que intenta hacer coincidir los límites de la formación discursiva con los límites de la comunidad. Ergo, el principio universal de la “diferencialidad” se convertiría en la equivalencia dominante dentro de un espacio comunitario homogéneo. (…) En el caso del populismo una frontera de exclusión divide a la sociedad en dos campos. El pueblo, en ese caso, es algo menos que la totalidad de los miembros de la comunidad: es un componente parcial que, sin embargo, aspira a ser la única totalidad legítima.” (Pág. 107)

Con esto queremos dejar en claro que el debate sobre la democracia debería centrarse en el término gobierno del demos y no dar por hecho aspectos como la representatividad indirecta. El acontecimiento que tuvo lugar a finales de 2001 en nuestro país introduce la pregunta ¿qué es el gobierno del demos?, lo que nos lleva mecánicamente a una segunda interrogación ¿realmente existe el gobierno del demos? Y si respondemos afirmativamente deberíamos especificar las reformas estructurales que deben realizarse al caso.

En síntesis

El problema argentino es más amplio de lo que este trabajo abarca, para pensarlo ineludiblemente tenemos que tener en claro aspectos fundamentales.

  • La composición del mercado interno se encuentra concentrada en manos de los grandes grupos económicos que se mueven con independencia al ciclo económico de turno; estos grupos son principalmente de capital extranjero. (Ver cuadro 2)
  • Una alta inflación destruye al salario.
  • La deuda externa es herencia de gobiernos corruptos y condiciona de sobremanera la relación del país con el extranjero. (Ver cuadro 1)
  • La delegación de facultades del Gobierno Nacional a otras instituciones (gobiernos provinciales, organizaciones privadas, organizaciones sin fines de lucro) ha permitido una pauperización simétrica de todas las zonas con poco desarrollo.
  • La pobreza estructural generada en la década de 1990 debe ser atendida inmediatamente y sin mediaciones pues ella es la base de tamaña desigualdad social.
  • La noción de representatividad debe ser repensada.
  • Urge un plan de desarrollo nacional y federal que contemple una reforma tributaria profunda, un replanteo del rol dela Argentina ante el mundo y ante el MERCOSUR; garantizando de forma innegociable salud, educación, comida y tierra para absolutamente todos los habitantes del suelo argentino.

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